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Jueves, 08 de septiembre de 2005

REPORTAJE: Madeira, 11 de septiembre... hay numerosas incógnitas y terribles certezas

Autor y gráfico: aviación digital

A las nueve cincuenta y cinco minutos de la noche del 11 de septiembre de 2003, un King Air 200 con matrícula americana N600BV perdió contacto por radar y se precipitó al mar pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Funchal, en la isla de Madeira. A bordo, además del piloto, un anglo-tunecino de nombre Adel Deghim, iban nueve malagueños. Todos perdieron la vida.

Dos años después, en torno a este dramático suceso existen numerosas incógnitas, pero también terribles certezas.

Empecemos por las primeras. No se dio ninguna explicación del motivo, pero la Fiscalía de Funchal decretó el secreto de las actuaciones, todavía en vigor que yo sepa. ¿Se sospechaba que la aeronave era utilizada en operaciones delictivas?. Si es así, ¿porqué no ha trascendido nada?. En todo caso, la finalidad fundamental de la investigación era y es la de determinar las responsabilidades civiles que puedan concurrir, y en ese terreno puede decirse que las pesquisas no han avanzado gran cosa desde hace 24 meses. ¿Quién era el verdadero propietario de este aparato?

Todo apunta a una ciudadana belga residente en la Costa del Sol, de nombre Jeannine Emma Louise Van Laere, pero hasta la fecha nadie se ha molestado en interrogarla. Existen indicios de que había fundado una compañía denominada Vit Jets Club que alquilaba el avión a personas de alto nivel económico, para lo que dicha mercantil se anunciaba en revistas marbellíes muy exclusivas. El régimen de titularidad era al parecer el de "leasing", a través de un contrato con una empresa americana, la Willis Leasing Finance Corporation.

Lejos de ser gente adinerada, las víctimas del accidente eran ciudadanos de clase media, que habían sido invitados por el piloto a pasar unas pequeñas vacaciones en la bella isla portuguesa. ¿Porqué fue tan espléndido con unas personas que había conocido sólo unos meses antes?. Esta pregunta constituye un auténtico misterio; no hay que olvidar que el coste de la hora de vuelo de un jet de estas características puede estar en torno a los mil doscientos euros, y el viaje Málaga-Funchal dura más de tres. Y además, les pagó el hotel. ¿Estaba informada doña Jeannine, de ser la propietaria del jet, de que este viaje estaba teniendo lugar?. Ésta y otras preguntas siguen sin encontrar respuesta después de todo este tiempo, y quién sabe si alguna vez alguien estará en condiciones de responderlas.

Pero hay hechos que ya han adquirido la categoría de certeza. Hechos que apuntan directamente al Ministerio de Fomento, concretamente a la Dirección General de Aviación Civil. Se sabe que la aeronave entraba y salía del aeropuerto de Málaga sin ser sometida a ningún tipo de control en cuanto a sus actividades. Carecía de licencia de explotación y de certificado de operador aéreo. Nunca había pasado una inspección rutinaria, y alquilaba sus servicios a la vista de las autoridades, y todo ello ¡sin seguro de responsabilidad civil!... ¿Uganda?, no señores del Ministerio de Fomento, España.

Ante la falta de una compañía de seguros frente a la que reclamar, y previendo las dificultades de cobrar una indemnización de una ciudadana particular, supuesta responsable civil, el día treinta y uno de enero de este año, nuestro despacho dirigió, en nombre de nuestra cliente doña Manuela Martín Santana, un escrito al Ministerio de Fomento exigiéndole responsabilidades y pidiendo que se investigaran los hechos. Desde entonces, y ya han pasado más de siete meses, las únicas diligencias practicadas han consistido en solicitarnos documentación complementaria. Ningún intento serio de practicar pruebas. Ninguna apertura de expediente sancionador o disciplinario. No quiero entrar en pormenores legales, pero existe una Ley de Seguridad Aérea que tipifica la supuesta situación del avión como infracción muy grave y prevé sustanciosas multas para los infractores, y el tiempo y la prescripción corren.

Mucho me temo que el expediente no va a finalizar con una resolución expresa, silencio negativo que se dice. Después vendrá la fase ante la Audiencia Nacional y el consabido recurso de casación del Abogado del Estado. Al final, el Tribunal Supremo nos dará la razón con toda probabilidad. Habrán transcurrido 10 años, el suceso habrá caído en el olvido y los responsables gozarán probablemente de una confortable situación de impunidad e insolvencia económica. No sé decir si en ese momento se habrá hecho Justicia con mayúsculas, o si simplemente mi cliente, si vive aún, habrá encontrado algún tipo de compensación a su desgracia (la pérdida de una hija y dos nietos), pero sí puedo afirmar, sin ningún temor a equivocarme, que el 11 de septiembre de 2003 la seguridad aérea en los aeropuertos españoles no era la de un país del primer mundo, ni mucho menos, y que me perdonen los ugandeses.