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Domingo, 18 de septiembre de 2005

Hospital Público ¡Ya!

Manifiesto para la información y movilización de la ciudadanía por un modelo de financiación pública para el nuevo Hospital de Burgos

Autor: Plataforma Pro Nuevo Hospital

EL NUEVO HOSPITAL ES UNA CONQUISTA DE LA CIUDADANÍA BURGALESA

La movilización ciudadana ha hecho posible la decisión de construir un nuevo hospital en Burgos atendiendo la justa reivindicación de la población que está soportando un caos sanitario, salvado en parte gracias a la profesionalidad, vocación y entrega de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública. Durante los últimos años, su capacidad y plena disposición han suplido la falta de recursos de nuestro hospital, prestando una atención con calidad y sensibilidad. La ciudadanía reconoce y agradece la labor de todo el personal que trabaja en la sanidad pública.

LA INEFICACIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN HA SIDO ABSOLUTA

Cinco años para tener un proyecto es un balance del que nadie se puede sentir satisfecho. Durante estos años se ha perdido un tiempo precioso y la Junta de Castilla y León ha sido incapaz de afrontar con decisión una situación tan grave. Ninguna de las medidas adoptadas con anterioridad se ha demostrado eficaz. La compra del Hospital Militar sin saber que hacer con la instalación es la demostración más clara de su ineficacia.

LA SANIDAD PÚBLICA NO NECESITA LA FINANCIACIÓN PRIVADA NO SE ADELANTAN LOS PLAZOS DE
CONSTRUCCIÓN

No eiste ninguna dificultad financiera para acometer esta inversión. Las transferencias sanitarias se realizaron incluyendo el gasto corriente y las inversiones futuras, entre las que ya se encontraba previsto construir el nuevo hospital de Burgos. La Junta de Castilla y León está realizando en otras provincias inversiones superiores a las que supone el nuevo hospital de Burgos, y lo hace con recursos públicos.
En Castilla y León todas las nuevas inversiones hospitalarias se han realizado con fondos públicos, por lo que, una vez finalizadas. son de titularidad pública. En Burgos, a pesar de estar contemplado en las transferencias y del ofrecimiento de financiación adicional por parte del Gobierno de la Nación a través de la Seguridad Social, se pretende hipotecar nuestro sistema sanitario. ¿Por qué tenemos que sufrir esta discriminación?
Los principales responsables del retraso en la construcción del nuevo hospital quieren justificar ahora un modelo privado para evitar más retrasos. Este es un argumento intolerable.
Esta manifestación es un insulto a la inteligencia y una ofensa a la función pública y a las empresas privadas. Los plazos de construcción vienen siempre determinados por el proyecto aprobado y las decisiones que adopte en el seguimiento de la obra la dirección facultativa. El seguimiento de la obra lo realizarán funcionarios públicos con los mismos requisitos e independientemente de quién la financie.
Por tanto, si existe financiación suficiente, los plazos serán siempre los mismos. El argumento de que si la obra [a ejecuta el futuro concesionario se acortarán los plazos es falso. Sólo a costa de la calidad, de la seguridad o reduciendo las unidades de obra podría darse este caso.
Ni la calidad ni la celeridad vienen determinadas porque los técnicos sean funcionarios o empleados de empresas privadas, ni las empresas constructoras se dedican a engañar a la administración en las obras públicas que realizan. Se trata simplemente de ejecutar un proyecto previamente aprobado.

LA FINANCIACIÓN PRIVADA ES MUCHO MÁS CARA QUE LA PÚBLICA NO EXISTE LA EXPERIENCIA PREVIA DE FUNCIONAMIENTO DEL MODELO ELEGIDO POR LA JUNTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL Y LA EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS

La Administración Pública puede endeudarse a un menor coste que las empresas privadas. Resulta fácilmente comprensible que un crédito a 30 años suscrito por la Administración Pública con cualquier entidad financiera represente siempre un interés más bajo (en torno al 4%) que cualquier otra operación de crédito realizada a través de una entidad no financiera. Ninguna empresa privada invierte su dinero si no obtiene un beneficio muy superior Cualquier empresa constructora o de servicios adjudicataria gravará esa operación con un margen mayor.
El pago diferido de la construcción del nuevo hospital y de los servicios de la empresa concesionaria incrementarán los costes sanitarios y los ciudadanos acabaremos pagando más impuestos por infraestructuras que ni siquiera serán de titularidad pública.

En España se han iniciado sistemas parcialmente similares con pésimos resultados hasta la fecha, pero hasta ahora no existe ningún hospital que se haya construido con la modalidad propuesta. Es la primera vez que se quiere llegar tan lejos en la gestión privada de un servicio público tan esencial para la ciudadanía. Experimentar con la salud de los burgaleses y burgalesas es un riesgo que no se debe correr.
Las experiencias internacionales son contundentes. En EEUU, los hospitales privados que gestionan la sanidad pública son los más ineficientes. En Gran Bretaña, durante los años ochenta, se puso en marcha un sistema similar que llegó a amenazar con el colapso su Sistema Sanitario: cerraron 200.000 camas, aumentaron en 20.000 los cargos directivos y empeoró alarmantemente la asistencia sanitaria.
No existiendo la necesidad de financiación ajena, se opta por esta modalidad porque se quiere introducir paulatinamente la iniciativa privada en la gestión de la sanidad pública. Sin embargo, la financiación privada vulnera el modelo de financiación del Sistema Nacional de Salud que se realiza mediante los Impuestos y las cotizaciones de todos los ciudadanos.
En Burgos, se está dando, con esta decisión, un paso irreversible hacia la privatización de la sanidad pública. Se abre el camino a poder hacer lo que ya se realizó en Valencia con el Hospital de La Ribera (Alcira). El caso en la Concesión Administrativa del hospital de Alcira no puede ser más revelador. Aún con un trato de favor por parte del gobierno de la Comunidad Valenciana, la gestión sanitaria y la calidad asistencial se han visto negativamente afectadas, al tiempo que ha ido en aumento la deuda acumulada en su presupuesto sanitario. Lo único que ha mejorado en ese tiempo es la rentabilidad económica de las empresas privadas concesionarias.

ESTA PROPUESTA DIFICULTA LA GESTIÓN PÚBLICA

Un concesionario privado sólo actuará como intermediario encareciendo la gestión sin aportar valor añadido alguno. El concesionario acumula tal poder que la Administración Pública se encontrará a su merced, sin margen para la negociación ni posibilidad de exigir mejoras en los servicios deficitarios.
El concesionario no asume riesgo empresarial alguno. Como el servicio público no puede dejar de prestarse, si el concesionario tiene problemas económicos será la Administración Pública la primera interesada en solucionar estos problemas o en cubrir el déficit o las pérdidas que se produzcan. La Administración Sanitaria se convierte en el mejor avalista de que el negocio sea fructífero y sin riesgos.

EL MODELO PROPUESTO COMPROMETE EL EJERCICIO PROFESIONAL, LA CALIDAD EN EL EMPLEO Y EMPEORARÁ LA SANIDAD PÚBLICA

Se elimina empleo público en los servicios que se privatizan, puesto que se cambia la competencia por rentabilidad. Se sustituyen empleos públicos, estables y de calidad, por empleos precarios, con peores condiciones socio-económicas, en un ámbito, el de la salud, en el que como hemos comprobado la motivación, entrega y profesionalidad marcan una diferencia sustancial.
La introducción del ánimo de lucro en la gestión sanitaria repercutirá indudablemente en el factor de los recursos humanos. Uno de los factores donde primero se actúa en la gestión privada es en la reducción de empleo.
Nada garantiza, sin embargo, que los costes sanitarios disminuyan. Más bien al contrario. Como vienen demostrando las experiencias internacionales y nacionales existentes, los costes sanitarios se incrementan sustancialmente y acaban repercutiendo en una disminución de las prestaciones, de la calidad, en dificultades crecientes para la innovación y modernización, para la introducción de nuevas tecnologías, etc. La actividad médica acaba resintiéndose, haciendo cada vez más difícil y menos gratificante el ejercicio profesional.

SE PRIVATIZAN SERVICIOS VITALES PARA LA ASISTENCIA SANITARIA

El estudio de viabilidad contempla la privatización de servicios llamados “no sanitarios” pero que, en la práctica, son imprescindibles junto con la atención sanitaria para determinar día a día la calidad de la salud de la población.
La falsa separación entre servicios sanitarios y no sanitarios provoca una ruptura en el modelo de salud, ya que un hospital requiere la presencia continua de actividades auxiliares. El mantenimiento integral del edificio, la gestión de residuos sanitarios, lavandería, cocina, limpieza, desinfección, equipamiento, apoyo administrativo, etc., son servicios fundamentales para la salud, la seguridad y el correcto funcionamiento general del sistema hospitalario. Sólo la titularidad y la gestión y financiación públicas nos ofrecen sólidas garantías.

LO QUE NOS INTERESA A LOS BURGALESES Y BURGALESAS

La ciudadanía burgalesa reclama, por las razones expuestas:

1.- Que el nuevo hospital de Burgos comience a construirse ya. Todo el tiempo que ahora pretenden ganar no será suficiente para recuperar cuatro años perdidos.
2.- Que la Junta de Castilla y León invierta en Burgos, como lo hace en las demás provincias, para obtener una infraestructura sanitaria necesaria, de titularidad pública, de todos los burgaleses.
3.- Que se garantice la calidad, asistencia y eficacia de la sanidad y de nuestra salud mediante la titularidad, la financiación y gestión públicas, así como la participación ciudadana activa en la toma de decisiones sobre políticas y objetivos sanitarios.